Después
de varios años de prosperidad y progreso educativo, los diligentes del Estado
nos brindan la posibilidad de asistir a una de las épocas más conflictivas de
la enseñanza española. Los líderes políticos, en un intento de encontrar alguna
medida eficaz que permita a España salir del declive, han decidido llevar a cabo una política
basada en la disminución del gasto público que tendrá como principal
consecuencia la pérdida de calidad en la enseñanza pública.
El año pasado asistimos a un curso que comenzó
con la supresión de la mayor parte
de becas y ayudas para estudiantes y
continuó con una drástica disminución de los sueldos del profesorado. Ahora pretenden sorprendernos con el propósito
de reducir aún más los presupuestos de todas las
consejerías de educación. A la cabeza de la lista de comunidades más
perjudicadas se encuentran Madrid, Castilla-La mancha, Galicia y Navarra. En
estos lugares, ya se prevén numerosas manifestaciones de los sindicatos de
ámbito internacional. Además, ya son varios los directores de colegios e
institutos que amenazan con dimitir de
su cargo si se llevan a cabo esas restrictivas medidas.
En
Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal ha decidido elevar las horas
lectivas con el objetivo de alcanzar un ahorro de 1.815 millones de euros. Esto
sumado a la reducción de profesores y recursos y a la suspensión del pago de
las vacaciones afectará a unos 3000 trabajadores. Galicia también se encuentra
en alerta con una pérdida aproximada de unos 1000 interinos, mientras que en la
Comunidad de Navarra se contratarán 250 profesores menos respecto al año
pasado.
Durante el congreso
organizado por el grupo ultraconservador Comunión y Liberación que tuvo lugar
en Italia el verano pasado, Lucía Figar, Consejera de Educación
de la Comunidad de Madrid, nos sorprendía con unas declaraciones en las que exponía de manera precisa las pretensiones del
PP en dicha comunidad: “Hemos elegido como opción
principal mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con
fondos públicos".
Ante este panorama, los
ciudadanos debemos ser conscientes de que los políticos no plantean estas
medidas económicas con el único objetivo de reducir el déficit, sino que además
asistimos a unos recortes que sólo satisfacen los intereses de un colectivo en
particular.
Madrid
es una de las comunidades que más necesita invertir en educación debido al
aumento de niños escolarizados en los últimos años, pero el dinero dedicado a
la educación privada supera la media nacional. La capital de España se ha convertido en la comunidad que menos porcentaje de su PIB dedica al gasto público. La Expresidenta de La Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre trató de generalizar el modelo educativo al resto del país, lo que ahora supone una
presencia cada vez mayor y más fuerte de la educación privada.
Día
tras día, los políticos tratan de convencernos de que harán todo lo que esté en
sus manos para ayudar a las familias más desfavorecidas, pero ahora no parecen
estar dispuestos a poner toda la carne en el asador. La educación concertada
supone un gasto de unos 800 euros más para las familias. Deducimos así que sólo
los niños con cierto nivel socioeconómico podrán disfrutar de las ventajas que
estos centros parecen ofrecer.
La
jefa del área del Instituto de Formación del Profesorado, del Ministerio de
Educación, Mar Jiménez, asegura que todos los recortes que se hagan en
educación tendrán consecuencias negativas porque irán en detrimento de la
calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas. Otros expertos plantean
que los cambios en el sistema educativo afectarán especialmente a los alumnos
que precisen una atención especializada o necesiten algún tipo de apoyo
escolar.
En
este contexto, no cabe duda de que los recortes en la educación afectarán a los
proyectos y actividades que los alumnos desarrollen en los colegios. Los
profesores se verán obligados a abandonar su puesto de trabajo o a subsistir en
unas condiciones precarias. Los docentes deberán incluso impartir materias para
las que no estén bien preparados debido a las reducciones de personal que se
van a llevar a cabo. Pero en esta lucha los principales afectados van a ser los
estudiantes: los colegios públicos tan sólo acogerán a aquellos alumnos que
tengan pocos recursos o que padezcan alguna enfermedad o trastorno del que los
colegios privados no quieran hacerse cargo.
Sara Díez García
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